L'any que ens espera.-

Com deia un famós poeta: Et diré sempre la veritat …

La llum elèctrica puja un 9,8%,
i a mi no em sembla meravellós;

El gas natural un 3,9,
per ajudar-nos a ofegar l’economia familiar;
El transport públic ho farà en un 3,4%,
Sembla poca cosa, però no ho és;
L’aigua que fem servir arriba al 2,5%,
El ferrocarril un 2,3 i el peatges 3 i mig.
L’ampollla de butà un 3,1 i les pensions mínim un enorme 1,
Mentre que l’euribor ho ha fet en 1,52%.
Fins i tot les tarifes de correus arriben al 7% i la T10,
Fixeu-vos bé, al 3 coma setanta cinc per cent.
I no tot s’acaba aquí:
Els carburant s’enfilen un 3,1% més que el 2010,
i això només el primer dia del nou any,
I a canvi què tindrem:
La congelació dels sous a un 0%,
I la reducció d’un 5% pel sector públic espanyol (inclòs el català),
La reforma laboral que fa quasi gratis acomiadar,
L’anul·lació de la prestació als aturats,
era poc, poc no per poc innecessari (426 eurets de no res);
pèrdua de drets laborals,
pèrdua de l’ajut fiscal a la primera vivenda
I tot així no ens podrem queixar:
L’Álvarez Cascos se’n va a pasturar (ep!, això vol dir que només deixarà el PP),
I en Zapatero, que malgrat pensar que manté en secret la incògnita sobre el seu futur,
a qui li importa què farà?, si ja sabem que si es torna a presentar,
és evident que perdrà la seva cadira presidencial.

Diana Krall-Jingle Bells

FrikiTV:Mensaje Navidad

Declaración conjunta sobre Wikileaks.

Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
29-12-2010

Ante los acontecimientos relacionados con la divulgación de comunicaciones diplomáticas por parte de la organización Wikileaks y la posterior publicación de dicha información en los medios masivos de comunicación, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideran oportuno poner de presente una serie de principios jurídicos internacionales. Los relatores hacen un llamado a los Estados y a los demás actores relevantes para que tengan en cuenta los mencionados principios al responder a los acontecimientos mencionados.
1. El derecho de acceso a la información en poder de autoridades públicas es un derecho humano fundamental sometido a un estricto régimen de excepciones. El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a tener libre acceso a la información pública y a conocer las actuaciones de los gobiernos. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por lo cual ha recibido un alto grado de atención por parte de la comunidad internacional. Sin la garantía de este derecho sería imposible conocer la verdad, exigir una adecuada rendición de cuentas y ejercer de manera integral los derechos de participación política. Las autoridades nacionales deben adoptar medidas activas a fin de asegurar el principio de máxima transparencia, derrotar la cultura del secreto que todavía prevalece en muchos países y aumentar el flujo de información sujeta a divulgación.
2. En todo caso, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un sistema limitado de excepciones, orientadas a proteger intereses públicos o privados preeminentes, como la seguridad nacional o los derechos y la seguridad de las personas. Las leyes que regulan el carácter secreto de la información deben definir con exactitud el concepto de seguridad nacional y especificar claramente los criterios que deben aplicarse para determinar si cierta información puede o no declararse secreta. Las excepciones al derecho de acceso a la información basadas, entre otras razones, en la seguridad nacional deberán aplicarse únicamente cuando exista un riesgo cierto de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea superior al interés general del público de consultar dicha información. Resulta contrario a los estándares internacionales considerar información reservada o clasificada la referente a violaciones de derechos humanos.
3. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes ("whistleblowers") que, siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo.
4. La injerencia ilegítima o las presiones directas o indirectas de los gobiernos respecto de cualquier expresión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, para incidir en su contenido por razones políticas, deben estar prohibidas por la ley. Esta injerencia ilegítima incluye las acciones interpuestas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes, y el bloqueo de sitios web y dominios de Internet por causas políticas. En particular, es inaceptable que los funcionarios públicos sugieran la comisión de actos ilegítimos de represalia contra quienes han difundido información reservada.
5. Los bloqueos o sistemas de filtración de Internet no controlados por usuarios finales, impuestos por un proveedor gubernamental o comercial del servicio son una forma de censura previa y no pueden ser justificados. Las empresas que proveen servicios de Internet deben esforzarse para asegurar que se respeten los derechos de sus clientes de usar Internet sin interferencias arbitrarias.
6. Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos.
Catalina Botero Marino Relatora Especial de la para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Frank LaRue Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión

No tots són males notícies.-

El Govern espanyol, en un acte de valentia política, com han dit alguns o d’irresponsabilitat, com diuen altres, ha decidit, en la darrera sessió d’aquest any pensada pel 29 de desembre prendre una sèrie de decisions per retornar a la seva antiga filosofia d’esquerres, aquella que la va fer arribar al poder i que ara es troba en franca avantatge pel PP.
Entre les mesures més importants cal destacar: la renuncia total a la reforma laboral que els sindicats han denunciat fins arribar a la vaga general, i que en l’actualitat està sota amenaça d’una segona; la tornada a les indemnitzacions per desocupació als aturats que hagin esgotat el seu subsidi; el retorn a la fiscalitat progressiva i recuperació d’impostos condonats a les classes més adinerades, com ara el de successió o el de patrimoni; la congelació de les tarifes elèctriques, fins ara amb la intenció de pujar-les un 10%, i també del gas (amb una pujada prevista del 4,5%), que faria encara més mal a les febles economies familiars. I a més a més, impulsaran tota una sèrie de mesures adreçades a les persones amb més dificultats, aprofundint en les ajudes per formació i ocupació, més despesa pública i generació d’ocupació estable i de qualitat, més inversió en indústria i desenvolupament i innovació tecnològica i la gran sorpresa: la persecució del frau fiscal, començant per les grans rendes del nostre país, el control exhaustius de tota la banca espanyola, incloses les caixes d’estalvi, el que vol dir un ferm control de qualsevol possibilitat de frau a les arques de l’Estat. Dins d’aquestes mesures també s’acompanya d’un pla de sostenibilitat energètica i ecològica, pensant en les noves ocupacions que generen aquests sectors i un paquet, que de moment es desconeix, pensat per recuperar la majoria absoluta en les properes eleccions generals.
La noticia, que ha estat difosa per mitjans no oficials i que es donarà a conèixer durant el matí de demà, ha estat molt celebrada pels sindicats majoritaris i els partits d’esquerra, que si bé encara no s’ho acaben de creure, esperen que amb aquestes mesures el PSOE retorni del seu viatge erràtic pel conservadurisme ultraliberal d’aquests darrers anys. La CEOE ha emès un comunitat posicionant-se frontalment en contra, tot i desconèixer l’abast total de les mesures. Per la part sindical, CCOO ha demanat prudència i vol esperar a veure què passarà en el Consell de Ministres, no sigui que tot el que ha transcendit a la premsa no sigui del tot cert i després ens hàgim de lamentar, ha dit el seu secretari general. El PP, per la seva banda, ha dit que només es tracta d’una maniobra política que no tindrà més conseqüència que la celebració anticipada d’eleccions on ell es perfila com el guanyador.
Esperem que la vida política torni a tenir seny i que a Catalunya, l’Artur Mas prengui exemple i rectifiqui en les mesures econòmiques adoptades per l’anterior govern de Catalunya.